Legislación
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¿Qué establece la ley para la Revolución Verde?
Actualizado el
14/1/26
Spanish
La Ley Española de Transición Ecológica entró en vigor en mayo de 2021 con el objetivo de promover la transición hacia una economía más sostenible y reducir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Esta ley establece una serie de medidas para fomentar el uso de energías renovables, mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la economía circular.
En este artículo analizaremos en detalle qué establece la ley, cómo afecta a las empresas y qué acciones pueden llevarse a cabo para cumplir con la normativa.
El objetivo de esta ley es abordar los retos del cambio climático y la transición hacia una energía limpia y renovable en España. Si deseas leer la ley completa, puedes hacerlo en este enlace.
La Ley sienta las bases para el logro de estos objetivos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante la planificación estratégica, que a nivel nacional se materializa principalmente en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), una herramienta que servirá para integrar los objetivos y las contribuciones cuantitativas que deben alcanzar todos los sectores económicos en distintos ámbitos, así como las políticas y medidas que deben adoptarse para lograrlos.
El primero de estos planes cubre el periodo 2021-2030 y define un horizonte ambicioso, incluyendo los objetivos recogidos en el artículo 3 de la Ley.
El segundo gran instrumento de acción climática previsto es la Estrategia de Descarbonización a 2050, que establecerá una hoja de ruta para la reducción de emisiones y el aumento de absorciones por sumideros en todos los sectores económicos con una visión a largo plazo. Esta estrategia se revisará cada cinco años y será esencial para el cumplimiento de los objetivos fijados por la Unión Europea.
Asimismo, se contempla la aprobación de: (i) los Planes Nacionales de Adaptación al Cambio Climático, orientados a mitigar y prever los riesgos derivados del cambio climático; y (ii) las Estrategias y Convenios de Transición Justa, con el fin de garantizar la igualdad y la solidaridad entre territorios y personas.
La Ley Española de Transición Ecológica establece que las empresas que realizan actividades económicas con un impacto ambiental significativo están obligadas a cumplirla. En concreto, se considera obligadas a aquellas que desarrollan actividades incluidas en la sección C (divisiones 10 a 32) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009). Estas actividades se refieren a la producción y el suministro de energía, la extracción y transformación de minerales, la fabricación de productos químicos, productos de caucho y plástico, productos de vidrio, productos metalúrgicos, productos informáticos, electrónicos y ópticos, entre otras actividades.
Además, la ley también establece que los grandes consumidores de energía, es decir, aquellos que consumen más de 500 toneladas equivalentes de petróleo al año, deben cumplir con las medidas de eficiencia energética establecidas por la normativa.
En resumen, la ley tiene un enfoque amplio e incluye a todas las empresas y actividades económicas que generan un impacto ambiental significativo, independientemente de su tamaño o sector.
Si tu empresa cumple alguno de estos requisitos, está obligada a cumplir con la legislación.
Podemos resumir los principales objetivos de la ley en 10 puntos y lo que significan para las empresas y la ciudadanía en España:
Objetivo: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 23 % para 2030 en comparación con los niveles de 1990.
Acción a tomar: Evaluar e implementar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de tu empresa.
Objetivo: Lograr que el 42 % del consumo total de energía provenga de fuentes renovables para 2030.
Acción a tomar: Evaluar la viabilidad de incorporar fuentes de energía renovable en las operaciones de tu empresa.
Objetivo: Lograr que el 42 % del consumo total de energía provenga de fuentes renovables para 2030.
Acción a tomar: Evaluar la viabilidad de incorporar fuentes de energía renovable en las operaciones de tu empresa.
Objetivo: Establecer un mecanismo de fijación del precio del carbono para los sectores no cubiertos por el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (ETS).
Acción a tomar: Supervisar el desarrollo del mecanismo de precio del carbono y prepararse para su posible impacto en tu empresa.
Objetivo: Garantizar una transición justa hacia una economía baja en carbono, minimizando el impacto negativo en el empleo y fomentando el diálogo social.
Acción a tomar: Participar en el diálogo social y apoyar iniciativas que promuevan una transición justa dentro de tu sector.
Objetivo: Exigir a las administraciones públicas que desarrollen e implementen planes de adaptación para reducir los riesgos y vulnerabilidades climáticas.
Acción a tomar: Evaluar el impacto potencial del cambio climático en tu empresa y desarrollar un plan de adaptación.
Objetivo: Establecer la Comisión Nacional de Cambio Climático y el Consejo de Coordinación de Políticas Climáticas para supervisar las políticas climáticas.
Acción a tomar: Mantenerse informado sobre las actualizaciones normativas y colaborar con las autoridades y partes interesadas pertinentes para garantizar el cumplimiento.
Objetivo: Desarrollar Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) con horizontes de diez años.
Acción a tomar: Seguir el desarrollo de los PNIEC y alinear las estrategias de tu empresa con los objetivos nacionales.
Objetivo: Avanzar hacia una movilidad sostenible, incluyendo la implementación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos.
Acción a tomar: Evaluar la viabilidad de integrar soluciones de movilidad sostenible en las operaciones de tu empresa.
Objetivo: Exigir a las administraciones públicas que lideren con el ejemplo, implementando medidas de eficiencia energética y adquiriendo vehículos limpios y de bajas emisiones.
Acción a tomar: Si formas parte del sector público o trabajas con entidades públicas, asegúrate de que tu organización cumple con estos requisitos.
Las empresas que no cumplan con las disposiciones de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, pueden enfrentarse a diversas consecuencias, como las siguientes:
Las empresas incumplidoras pueden estar sujetas a multas, en función de la gravedad de la infracción. La ley establece un régimen de sanciones que incluye infracciones leves, graves y muy graves, con las penalizaciones correspondientes. Las multas pueden oscilar desde unos pocos miles de euros para infracciones leves hasta millones de euros para infracciones muy graves.
Las empresas que no cumplan con la ley pueden arriesgarse a perder el acceso a subvenciones gubernamentales, ayudas u otros programas de financiación pública diseñados para promover la sostenibilidad y la acción climática.
Las empresas incumplidoras pueden sufrir un daño reputacional, lo que puede conllevar una pérdida de confianza por parte de los consumidores y posibles impactos negativos en el valor de mercado de la organización o en el precio de sus acciones.
Las empresas que no cumplan con la ley también pueden enfrentarse a acciones legales, como demandas o procedimientos de cumplimiento por parte de las autoridades competentes, lo que supondría costes legales adicionales, posibles indemnizaciones o medidas cautelares.
En determinados casos, las empresas incumplidoras pueden estar sujetas a restricciones operativas, como la suspensión temporal o permanente de permisos o licencias, lo que podría afectar de forma significativa a sus operaciones empresariales.
El incumplimiento de la ley puede dar lugar a un mayor escrutinio y supervisión regulatoria, lo que conlleva una carga administrativa adicional y la necesidad de informes e inspecciones más frecuentes.
Para evitar estas consecuencias, es importante que las empresas se familiaricen con los requisitos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, evalúen su nivel actual de cumplimiento y adopten las medidas necesarias para garantizar que se ajustan a las disposiciones de la ley.
En conclusión, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, representa un hito significativo en los esfuerzos de España por combatir el cambio climático y avanzar hacia una economía más sostenible y baja en carbono. Esta legislación innovadora ofrece una oportunidad única para que las empresas se adapten de forma proactiva al nuevo marco regulatorio y adopten principios de gestión ambiental.
Al alinearse con los objetivos de la ley, las empresas no solo pueden garantizar el cumplimiento normativo, sino también obtener múltiples beneficios, como una mayor eficiencia energética, la reducción de los costes operativos y el acceso a nuevos mercados impulsados por la creciente demanda de productos y servicios sostenibles. Además, las empresas que demuestran un firme compromiso con la responsabilidad ambiental tienen más probabilidades de mejorar su reputación de marca, atraer a clientes concienciados con el medio ambiente y fomentar el orgullo de pertenencia entre sus empleados.
Adoptar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es una decisión estratégica que puede situar a las empresas a la vanguardia de la economía verde, impulsando la innovación y la competitividad a largo plazo. Al aprovechar las oportunidades que ofrece esta legislación, las empresas pueden convertir los retos del cambio climático en un catalizador de crecimiento, resiliencia y éxito a largo plazo.
Dcycle.io es una herramienta esencial para las empresas que buscan cumplir con los objetivos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Gracias a su sistema de seguimiento y medición de la huella de carbono, las empresas pueden evaluar y reducir sus emisiones de efecto invernadero. Además, Dcycle.io también permite evaluar la viabilidad de implementar fuentes de energía renovable en las operaciones empresariales, lo que puede contribuir a alcanzar el objetivo de la ley de lograr un 42 % de consumo de energías renovables en España para 2030.
Sí, en la práctica muchas empresas industriales tienen que responder igual. Clientes y bancos piden datos de cadena de valor, huella y controles.
Puedes no publicar, pero vas a tener que demostrar.
Depende de tu doble materialidad, pero en industria suelen aparecer con frecuencia E1 (clima), E2 (contaminación y sustancias), E5 (circularidad), S1 (seguridad y condiciones laborales), S2 (cadena de valor) y G1 (conducta y controles).
Se estructura como proceso: inventario de IROs por planta y proceso, criterios de evaluación, umbrales, evidencias y decisiones registradas.
Así puedes defender el por qué ante revisión y repetirlo cada año sin reinventarlo.
Lo mínimo viable suele estar ya en tu organización: facturas y contadores de energía, datos EHS, compras y proveedores, RRHH y PRL, y registros de residuos y agua.
Se puede arrancar con un piloto por planta y escalar.
Con un enfoque realista: datos primarios cuando existan, y factores secundarios justificables cuando no.
Con trazabilidad de supuestos, versiones y evidencias por categoría.
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