Cumple con la Ley de Movilidad Sostenible antes del 5 de diciembre

Uno por centro. El PMST se mide y se elabora por centro de trabajo, no por empresa: cada centro con más de 200 personas (o más de 100 por turno) necesita su propio plan adaptado a su realidad, aunque la metodología y la estructura puedan ser comunes en toda la organización. La ley mide el umbral por centro de trabajo, según la definición del artículo 1.5 del Estatuto de los Trabajadores.

El plan se hace solo para esos dos centros, no para toda la empresa. La obligación se mide por centro de trabajo, así que una compañía con varios centros puede tener algunos obligados y otros no.

La responsabilidad es de cada sociedad empleadora respecto de sus propios trabajadores: cada sociedad que supere el umbral en su centro está obligada, y las que no lo alcanzan, no. Cuando varias sociedades comparten ubicación, la ley promueve mecanismos de coordinación para implementar soluciones de movilidad de forma conjunta. El cómputo exacto cuando conviven varias sociedades en un edificio es un punto interpretativo que conviene validar con asesoría legal.

El umbral se refiere a las personas cuyo centro de trabajo habitual sea ese centro. Si ningún centro alcanza las 200 personas (o 100 por turno) como lugar habitual, no habría obligación legal de PMST, aunque sí es recomendable hacerlo de forma voluntaria.

La ley vincula el umbral a que el centro sea el lugar de trabajo habitual. Una persona formalmente adscrita pero que teletrabaja mayoritariamente y apenas acude genera poca o ninguna movilidad hacia ese centro, y la finalidad de la norma (racionalizar desplazamientos reales) apoyaría no computarla. La ley no fija una regla numérica de días presenciales, así que es una zona interpretativa.

Misma raíz que el teletrabajo: si su actividad se desarrolla habitualmente en terceros lugares, es muy defendible que no generen movilidad al centro en sentido estricto. No hay pronunciamiento expreso, por lo que es un punto interpretativo.

La ley piensa en turnos diferenciados de entrada y salida. Un horario flexible con banda de entrada y salida no es técnicamente un sistema a turnos, sino un único colectivo con flexibilidad. Con ese criterio, se evaluaría por el umbral general de 200, no por el de 100 por turno. Es un punto interpretativo.

La Ley 9/2025 no contiene una regla explícita de cómputo de ETT ni de contratas para el umbral de 200/100: solo habla de personas cuyo centro habitual sea dicho centro. Contrasta con otras normas (como los planes de igualdad, RD 901/2020) donde el cómputo sí está detallado. A efectos prácticos del diagnóstico, quienes acceden de forma estable al centro sí generan movilidad real y lo razonable es incluirlos en el análisis, aunque su cómputo para el umbral sea un punto a valorar jurídicamente.

La ley no fija una estructura cerrada. El artículo 26.3 enumera las familias de medidas que debe contemplar el plan según el principio de jerarquía del artículo 28 (movilidad activa, transporte colectivo, bajas o cero emisiones, compartida, teletrabajo cuando sea posible y seguridad vial), pero no impone un índice único. La buena praxis y la metodología del IDAE recomiendan: memoria descriptiva del centro, diagnóstico cuantitativo (encuesta), objetivos medibles, medidas priorizadas, calendario y sistema de seguimiento.

La ley exige negociar, no necesariamente acordar. El artículo 26.2 obliga a negociar el plan con la representación legal de los trabajadores; si no existe, se constituye una comisión negociadora con los sindicatos más representativos del sector. La empresa puede aprobar el plan dejando constancia documental del proceso negociador, aunque un plan firmado da mucha más solidez frente a inspección.

La diseña la empresa o su consultor. No hay un formulario oficial obligatorio, pero el IDAE propone una metodología de referencia. Como mínimo, conviene capturar el medio de transporte, el turno, el motivo de elección del transporte y los riesgos percibidos en el trayecto: son el núcleo del diagnóstico del artículo 26.

No. La Ley 9/2025 no fija un umbral de respuesta del 40% ni de ningún otro porcentaje. La ley pide un diagnóstico con datos fiables, y la buena praxis habla de una tasa de respuesta representativa, no de una cifra fija. Como no se puede obligar a nadie a responder, se trabaja con muestra representativa y estimaciones.

No necesariamente. La ley establece un informe de seguimiento cada dos años, y el plan debe actualizarse con una periodicidad mínima de cinco años, o antes si cambian de forma relevante las condiciones del centro o de la plantilla.

La ley no exime del RGPD. Lo habitual: una base jurídica adecuada (interés legítimo o cumplimiento de una obligación legal), información previa, minimización (pedir solo lo necesario, como el origen aproximado por zona en lugar de la dirección exacta) y, en lo posible, tratamiento anonimizado o agregado. Enviar la encuesta a personal de contratas o ETT añade complejidad sobre quién es responsable y quién encargado del tratamiento.

Sí. Es la fecha límite para tener el plan elaborado, negociado e implantado. El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, redujo el plazo de 24 a 12 meses y situó la fecha límite en el 5 de diciembre de 2026. Como el proceso completo suele durar entre 6 y 9 meses, el margen es ajustado.

No. El PMST tiene seguimiento bienal y actualización quinquenal, independiente del ciclo anual del reporte de huella de carbono.

Son obligaciones independientes. La huella de carbono deriva de otra norma (Ley 7/2021 y RD 214/2025) y aplica a empresas de más de 500 empleados o que cumplan dos de tres criterios de tamaño. Aunque no estés obligado a huella, igualmente debes hacer el diagnóstico del PMST. La ventaja: la encuesta de movilidad que alimenta el Alcance 3, categoría 7 del GHG Protocol recoge gran parte de los datos que exige el PMST, así que quien ya lo calcula reaprovecha el trabajo.

No disponer del plan en plazo (cuando perjudique el sistema de movilidad) y no elaborar los informes de seguimiento son infracciones leves, de 101 a 2.000 euros, que prescriben a los 6 meses; sanciona la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible. Tres infracciones leves en un año pueden escalar a grave, y si se recibieron ayudas del RDL 7/2026 y no se cumple, procede el reintegro íntegro de las ayudas.

La disposición final séptima modifica la Ley de Contratos del Sector Público para preparar la exigencia del plan como condición de acceso a licitaciones y subvenciones. Sin PMST puedes quedar fuera de determinadas licitaciones y ayudas. En positivo, hay convocatorias de subvenciones en concurrencia competitiva donde la puntuación depende de la calidad del plan, además de la mejora reputacional y ESG.

El artículo 26.9 establece que la regulación estatal del PMST es de aplicación supletoria respecto de lo que dispongan la administración competente en movilidad o la ordenación urbanística de cada municipio. Si una comunidad tiene regulación propia, esta prevalece; si no, aplica la estatal. Algunas comunidades (Madrid, Navarra, País Vasco) ya han empezado con guías o ayudas propias.